ASAJA PIDE A LA JUNTA MODIFICACIONES EN LA PERCEPCIÓN DE LAS AYUDAS
Ante el conflicto creado entre la Junta de Castilla y León y las comunidades de regantes por la supresión de una ayuda pública para sufragar dos puntos de los intereses de los préstamos de modernización de regadíos, durante un periodo de veinte años, ASAJA de Castilla y León considera que los convenios son para cumplirlos y que esta medida, como ya ocurriera también recientemente con otras, crea inseguridad jurídica y descrédito de las administraciones públicas.
Por ello, ASAJA cree que la ayuda fue mal diseñada en su principio, ya que debería de haberse dirigido a los propietarios de tierras que a la vez son agricultores a título principal, y no de forma indiscriminada a todos los propietarios de terrenos rústicos.
ASAJA no comparte que unos recursos públicos que ahora son tan escasos, lo que ha llevado a que se supriman líneas de apoyo al campo que son absolutamente imprescindibles, se destinen a subvencionar a propietarios de tierras que en definitiva son unos inversores que especulan con la propiedad obteniendo las mejores plusvalías posibles cuando venden o las rentas más altas cuando alquilan, y que muchos de ellos sienten una absoluto desapego del campo y del medio rural.
ASAJA considera que en la nueva etapa que se abra con la aprobación de la PAC, donde previsiblemente llegará menos dinero de Bruselas y las administraciones españolas tendrán menos fondos para cofinanciar los proyectos, se han de definir claramente las prioridades de gasto, prioridades que han de pasar por las líneas de apoyo que persigan una actividad más competitiva y claramente orientarse a los profesionales del campo.
En la etapa que ahora finaliza del programa de desarrollo rural 2007- 2013, la inmensa mayoría de las líneas de ayuda han ido dirigidas a los agricultores y ganaderos a título principal –zonas de montaña y desfavorecidas, ceses anticipados en la actividad, incorporación de jóvenes, planes de mejora de las explotaciones, ayudas agroambientales– pero otras se han destinado indiscriminadamente a los propietarios de terrenos independientemente de su profesión, como es el caso de las ayudas a la forestación de tierras agrarias o las infraestructuras rurales que ejecutan las administraciones –concentraciones parcelarias y regadíos–.
