MOCIÓN DE IU TASAS JUDICIALES

MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LA RETIRADA DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXILOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, D. Manuel Burón García, portavoz del Grupo municipal de IUCyL en el Ayuntamiento de Benavente, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento, con evidente afán de ocultación a los ciudadanos y ciudadanas, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.

Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras, extendiéndose el pago de las tasas judiciales a toda persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social.

Si bien el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se demostrase que la cuantía de las tasas…/…, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuesto en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En consecuencia, la cuantía de las tasas no deben impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia.

Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a los tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones”.

El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la Justicia, y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de la tutela judicial efectiva.

Por todo ello, el Grupo Municipal IUCyL del Ayuntamiento de Benavente, somete a votación, para su aprobación la siguiente:

 MOCIÓN

• Pedir al Gobierno que promueva la retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dejando sin efecto la misma.
• Pedir al Gobierno que garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de una tasa judicial.
• Remitir copia de la presente moción al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno de España