NUEVA REGULACIÓN PARA LOS EDIFICIOS DE MÁS DE 40 AÑOS
Los ayuntamientos de Castilla y León podrán ejecutar de forma subsidiaria obras de rehabilitación o conservación en los edificios de 40 años que no pasen la Inspección Técnica de Construcciones (ITC), conocida como ‘ITV’.
Ésta es una de las medidas que recoge la nueva regulación, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pretende aprobar en enero o febrero de este próximo año y que establecerá la obligatoriedad de estas revisiones en 101 municipios de la Comunidad.
De esta forma, el departamento de Antonio Silván pretende reforzar las potestades que tenían hasta ahora los ayuntamientos para aplicar las ‘ITV’, una técnica ya asentada en los municipios de León, Salamanca, Segovia y Valladolid, mientras los consistorios de Burgos, Zamora, Palencia y Ávila están comenzando a aplicarla.
La nueva normativa, que actualizará el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado en 2004, está siendo analizado por los servicios jurídicos y se someterá en las próximas semanas al dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad.
Asimismo, la Junta quiere impulsar con un endurecimiento de la legislación las revisiones, abriendo la puerta a que los consistorios puedan encargarlas y cobrárselas posteriormente a los propietarios de edificios.
También, las entidades locales tendrán una mayor capacidad para exigir la ejecución de las medidas que se hayan establecido y para reclamar los documentos que acrediten la revisión. En ese sentido, la nueva normativa, vinculada a la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León –aprobada en agosto de 2010-, establecerá la obligación de presentar a los ayuntamientos el certificado de la ‘ITV’ dentro del mes siguiente a su emisión, así como el informe anexo que detallará las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad, el cumplimiento de la normativa y las medidas que se deben adoptar en caso de deterioro.
En general, la normativa, que comenzará a aplicarse en 2013, será más exigente que la nacional, que entró en vigor julio y que establece que debe ser inspeccionados los edificios de más de 50 años, ubicados en municipios de más de 25.000 habitantes. En Castilla y León, la edad de los inmuebles se rebaja hasta los 40 años y se aplicará en todos los municipios con más de 5.000 habitantes y en aquellos que tengan 1.000 y estén situados en áreas urbanas.
Los municipios que lo consideren pueden acordar la obligatoriedad de las inspecciones, siguiendo el modelo planteado por la Consejería, aunque se les impone un plazo de cuatro años.
